Los diagnósticos presentados a continuación se desprenden de una investigación de Amnistía Internacional sobre la violencia armada y la situación de seguridad ciudadana en Venezuela desde una perspectiva de derechos humanos. Esta incluye una revisión histórica de las medidas implementadas por el Estado para atender la delincuencia, así como la identificación de patrones de violencia institucional y abusos de derechos humanos en el marco de operaciones de seguridad.

Amnistía Internacional pudo determinar que el Estado venezolano es responsable de la violación del derecho a la vida y a la integridad personal de miles de víctimas, en dos niveles: el primero de ellos debido a que el Estado no ha podido garantizar el derecho a la vida en un contexto de violencia entre particulares; el segundo nivel: porque el Estado ha implementado medidas represivas con racionalidad bélica para atender la situación de delincuencia, lo cual ha ocasionado graves violaciones a derechos humanos y en especial, ejecuciones extrajudiciales.

Además, Amnistía Internacional pudo identificar que las políticas represivas aplicadas por el Estado venezolano terminan por criminalizar la pobreza, en vez de aplicar mecanismos preventivos de control de la delincuencia; el Estado ha actuado usando la fuerza de forma intencionalmente letal, en contra de la población más vulnerable y excluida socialmente.

Ante la falta de cifras y datos actualizados, desagregados y confiables sobre seguridad ciudadana, se aportan y rescatan diagnósticos que permitan contextualizar la situación de violencia en Venezuela.

Esta investigación se desarrolla en un contexto de falta de acceso a los derechos económicos, sociales y culturales, como el derecho a la salud y a la alimentación; hasta el respeto y la garantía de los derechos civiles y políticos, tales como la libertad de expresión y el derecho a no ser sometido a torturas u otros tratos crueles. La violencia es un fenómeno que viene afectando a Venezuela desde hace décadas y que, en el contexto actual de emergencia humanitaria, agudiza el deterioro del goce y disfrute de los derechos humanos, convirtiéndose en un factor adicional de la migración forzada de las personas venezolanas.

HALLAZGOS Y DATOS

¿qUIÉNES SON LAS VÍCTIMAS DE EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES?

“Luego de allanamientos, amenazas y extorsiones, ejecutaron a darwilson frente a su familia”

Alex Vegas | © 2018 Amnistía Internacional | Laura Rangel
Alex Vegas | © 2018 Amnistía Internacional | Laura Rangel

“Qué le hizo mi hijo a ellos para que me lo mataran”

“Tanto cuidarlos para que los maten en mi casa”

Alex Vegas | © 2018 Amnistía Internacional | Laura Rangel
Claudia Villareal | © 2018 Amnistía Internacional | Laura Rangel

“No hay razón para que ellos desenfundan el arma, ésa debería ser la última medida y aquí no hay pena de muerte”

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La situación de violencia y uso abusivo de la fuerza ha sido uno de los grandes retos en materia de derechos humanos que Venezuela no ha podido resolver. La violencia armada y criminalidad culminan cada año con altas tasas de homicidios, y miles de víctimas en el país, preponderantemente hombres jóvenes en situación de pobreza. Estos homicidios, aunque cometidos por particulares, son en definitiva responsabilidad del Estado venezolano al actuar con la debida diligencia para impedirlos adecuadamente, a través de la investigación y sanción de los responsables por esas muertes. El Estado venezolano ha ocultado también las cifras en materia de seguridad y no ha sabido atender de forma efectiva la disponibilidad de armas por parte de la población civil, lo que repercute de forma directa en la violencia armada.

Por otro lado, al analizar la respuesta estatal para resolver la crisis de violencia en Venezuela, Amnistía Internacional, además de identificar distintas fallas en las políticas gubernamentales, considera de suma gravedad el respaldo de las autoridades del uso intencionalmente letal de la fuerza y a la práctica de ejecuciones extrajudiciales, cuyas víctimas en su mayoría son hombres jóvenes en situación de pobreza. Tales actuaciones son dictadas por una lógica en la que estos hombres jóvenes, en virtud de su perfil, son considerados delincuentes, por lo que han sido convertidos en “enemigos internos” que deben ser erradicados. En el marco de las labores de mantenimiento de orden público y cumplimiento de la ley, las autoridades tienen la obligación de garantizar el respeto de la integridad y vida de todas las personas, y cuando corresponda, proceder a la detención de las personas sospechosas de la comisión de delitos de acuerdo con la ley.

Así, es imperioso que las autoridades a cargo de la seguridad modifiquen radicalmente el enfoque de la política pública de seguridad. Es necesaria una política que ponga los derechos humanos de la ciudadanía en el centro, con claros enfoques preventivos, con mecanismos de contraloría efectivos, y de atención a la población en situación de exclusión social, que es la más vulnerable ante esta problemática. Asimismo, la política estatal debe contener un sistema de control de armas efectivo, transparente y sujeto a contraloría social que realmente evite el desvío de armas y la corrupción en torno a la tenencia de las mismas.

Amnistía Internacional, de acuerdo a las obligaciones internacionales recomienda al Estado venezolano –entre otras acciones- que:

  • Desarticule los mensajes que avalan la política de represión, que incluye el uso abusivo e intencionalmente letal de la fuerza en contra de los jóvenes en situación de pobreza;

  • Implemente una política de transparencia y publicidad de la información que permita tomar medidas de política pública adecuada (tanto preventivas de cara a la violencia, como de reforma policial y desarme) sobre las que las organizaciones de sociedad civil puedan ejercer un rol de contraloría social;

  • Investigue de manera inmediata y urgente los casos tratados en el presente informe, y además cree un mecanismo de priorización de investigación y sanción de los casos de ejecuciones extrajudiciales;

  • Adecúe las actuaciones policiales a los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley;

  • Retomar la implementación de las medidas de desarme aconsejadas por la Comisión Presidencial de Desarme, y fortalecer la política de control y regulación de armas;

  • Acepte las visitas de los procedimientos especiales de la Organización de Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuyos mandatos son relevantes para la presente temática.

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"ESTO NO ES VIDA" SEGURIDAD CIUDADANA Y Y DERECHA A LA VIDA EN VENEZUELA"